viernes, 28 de octubre de 2011

Economía sumergida con un disfraz enxebre

Tortilla, calamares fritos y pulpo, primer plato; churrasco de cerdo o bacalao a la brasa, segundo; brazo gitano de postre, vino, refrescos, agua, pan, cafés y licores. El precio que pagaron los cincuenta comensales que compartieron este menú osciló entre 15 y 20 euros.

El banquete se celebró el domingo 16 de octubre en una carpa de madera instalada en el extremo de una parcela sobre la que se asienta un edificio con un comedor que estaba repleto aquel día.

En el patio situado entre ambos había varias mesas también ocupadas. Un portal metálico permite cerrar el recinto. Este restaurante se encuentra en el municipio de Vilanova.

En Meaño hay otro con un televisor de plasma y una amplia oferta de pescados y carnes, lacón con grelos o cocido, así como una surtida variedad de postres y bebidas.

La oferta se extiende por los concellos de Ribadumia, Cambados y Sanxenxo, y en las últimas fechas también se incorporaron al mapa los de Meis y Vilagarcía. El aspecto de algunos apenas difiere del de cualquier restaurante.

En otros es fácil deducir que convirtieron en comedores los bajos o lo que en otro tiempo fueron habitaciones, patios y cuadras que ocuparon cerdos y vacas. Los hay que ofrecen a sus clientes estacionamientos para sus vehículos, habilitados en fincas y solares que resultan insuficientes. Se echan en falta los gorrillas.

El ir y venir de grupos es constante hasta bien entrada la madrugada. No tienen letreros en sus fachadas ni los necesitan, porque funciona el boca a boca y todos saben dónde están.

Quienes no estén informados solo tienen que preguntar o afinar el oído porque en muchos, la ingesta de alimentos se combina con la interpretación de temas musicales con acompañamientos instrumentales.

Circular por la intrincada y sinuosa red de carreteras locales durante las noches de los fines de semana supone hacerlo entre hileras de coches estacionados a ambos lados de la vía, que componen una estampa similar a la de una jornada festiva. Es otra pista para encontrarlos.

Popularmente se les conoce como furanchos, aunque la actividad que se realiza en su interior no se parece en nada a la que caracteriza a estos locales, a los que los clientes acuden a comprar o beber vino de la cosecha de sus propietarios, que los invitan a compartir unas tapas entre trago y trago.

Esta fórmula evolucionó con variantes como la elaboración de tortillas, empanadas o pimientos. En algunos lugares próximos a Marín, Cangas y Bueu era habitual encargar el menú para una hora determinada y saciar el hambre al regreso de la playa.

Y mientras la Xunta miraba hacia otro lado, fue creciendo en Galicia una vasta red de economía sumergida vestida con el disfraz del enxebrismo.

En diciembre del año 2004, un hostelero de Poio se puso en contacto con la Consellería de Turismo para denunciar el panorama de indefensión en el que se encontraba el sector. Lo hizo amparándose en el anonimato por temor a represalias.

Recibió como respuesta que ordenaría una inspección, después de pedirle que realizase una labor que no le corresponde: la identificación de los locales que, supuestamente, operaban irregularmente.

La inspección realizada arroja un censo de 73 restaurantes sin licencia en la comarca de O Salnés, denunciaban Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA), y su homólogo de la Asociación de Iniciativas Turísticas de Vilagarcía (AIT), José Luis Bóveda, en el mes de abril del año 2006.

El número de banquetes de boda contratados en restaurantes cayó un 50%, precisaron ambos, antes de realizar una puntualización para evitar equívocos y tergiversaciones: «No queremos que desparezcan los furanchos porque dinamizan el rural y son tradicionales, pero sí que estén regulados».

Ningún alcalde de la comarca respondió a su petición para mantener una entrevista en la que tratar el problema. «Es una bomba de relojería y ellos son los responsables», advirtió Abad en mayo del mismo año.

Los regidores locales tampoco hicieron caso de los escritos enviados por la Organización de Profesionales Autónomos (OPA) de Pontevedra, en los que solicitaban «el cierre de los locales ilegales», firmados por el secretario de Hostelería, Victorino Otero, y su presidente, Germán García.

En junio, la Consellería de Innovación e Industria respondió a la UPTA que carecía de competencias para instar a los propietarios de los establecimientos que trabajan al margen de la ley a que legalizasen su situación.

«No somos policías para fiscalizar lo que está ocurriendo», respondió entonces Abad.

Un año después, los furancheiros acordaban oponerse al decreto aprobado por la Xunta bipartita con el que trataba de poner orden en el sector.

«Estaremos en todos os actos públicos do BNG e do PSOE de aquí as próximas eleccións», anunció el presidente de la asociación, Antonio Miniño, tras una asamblea celebrada en Santa Cristina de Cobres.

En agosto era la Federación de Profesionais e Autónomos de Galicia la que apuntaba que o la Administración tomaba cartas en el asunto o el colectivo de hosteleros se vería forzado a cerrar sus puertas.

Su presidente, José Conde, hizo pública la indignación de sus asociados ante la competencia desleal que estaban sufriendo.

«O BNG xa nos pechou as portas e agora tamén Catalina González», sentenció Miniño en junio del año 2009, después de que el Concello de Sanxenxo aprobase una normativa reguladora de los furanchos.

«Teremos que vender o noso viño ás agochadas ou a porta pechada, porque as cousas que nos esixen son unha animalada», agregó el representante de los furancheiros de los municipios de Sanxenxo y Meaño.

A finales de septiembre, la Asociación Sectorial de Hostelería de la Provincia de Pontevedra expresó su preocupación porque considera más que probable proliferación de establecimientos ilegales.

El motivo que apunta es una cosecha que, con 41 millones de kilos vendimiados en la denominación de Orixe Rías Baixas, superó las previsiones más optimistas.

El único intento de poner orden hasta la fecha está fechado en el año 2008 y se trata de un decreto desarrollado en una orden firmada en el mes de septiembre, fruto de las presiones de la UPTA y AIT, consensuado con la Federación Galega de Hostelería, de la CEOE.

Aquel texto obligaba a que los titulares de los furanchos acreditasen haber declarado su producción de vino antes del inicio de la temporada. El período de apertura era de tres meses, entre el 1 de diciembre y el 30 de junio. El agotamiento del vino figuraba como una causa de cierre.

Los concellos deberían de controlar que los locales reuniesen las condiciones establecidas para el otorgamiento de la licencia, y en este capítulo figuran aspectos como la accesibilidad, salidas de emergencia o contar con servicios, entre otros requisitos.

El empeño por aplicarlo mientras no entra en vigor el nuevo texto legal, al que alude la Xunta, no parece haber surtido efecto.

Meaño es uno de los municipios que figura en el mapa de la restauración ilegal, y basta preguntar a cualquier vecino para que le indique que se desplace a las parroquias de Cobas o Simes.

Su alcalde y diputado provincial, Jorge Domínguez, reconoce que la situación se les fue de las manos y para los concellos es imposible ponerle freno mientras la Xunta de Galicia no apruebe y aplique una nueva normativa.

Como apuntaron representantes de la hostelería, Domínguez vaticinó que abrirán más a partir del mes de diciembre, cuando esté elaborado el vino de la nueva cosecha. Este pronóstico coincide con el del presidente de la Asociación de Bodegas Artesanales de Meaño, Francisco Doval.

Además de la abundancia de uva, otro argumento en el que se apuntala esta previsión es el incremento del número de desempleados en una comarca que tiene en el mar, la viticultura y los servicios los tres sectores productivos más importantes.

Luis Aragunde y Salomé Peña, alcaldes de Cambados y Ribadumia, aseguran que no tienen constancia de la existencia de restaurantes ilegales en sus municipios y responden que no recibieron quejas por este motivo.

«Elaboran comidas y organizan banquetes», denuncia Roberto Gerpe, presidente de la Asociación de Hostelería e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía.

Gerpe sostiene que son muchos más que 73 los que operan actualmente en la comarca, y lo hacen a la vista de todos «No sé porqué no les meten mano», añade.

«La situación es un auténtico despropósito», sostiene su homólogo de la Organización de Autónomos y Profesionales, José Conde. Ambos subrayan que llegó a tal punto que quienes abren amparándose en la necesidad de vender en vino de su cosecha no solo no lo elaboran, sino que lo compran, y tienen abiertas las puertas durante todo el año.

Otros viticultores, que pueden vender la uva a las bodegas, no lo hacen porque prefieren hacer vino. De este modo, consiguen un margen de ganancia mayor, dice José Conde.

Los locales no reúnen las condiciones que se exigen a cualquier establecimiento de uso público dedicado a la restauración y el personal no cuenta con la habilitación necesaria para manipular los alimentos.

La tortilla, hecha con huevos de la casa, es uno de los platos estrella, cuando está prohibido usarlos y deberían elaborarse con huevina. No hay trazabilidad de los alimentos que salvaguarde, o al menos minimice, la posibilidad de que los comensales sufran una intoxicación.

Los camareros y cocineros acostumbran a ser miembros de la familia propietaria del local. No están dados de alta en la Seguridad Social, no sería extraño que más de uno cobre la prestación por desempleo, y es fácil encontrar en la plantilla a menores de 16 años.

No pagan impuestos a Hacienda, pero los que cuentan con plantaciones de vino se acogen a las ayudas públicas cuando un temporal, o cualquier otro adverso meteorológico, reduce notablemente la producción.

Y las consecuencias saltan a la vista: «No hay más que dar una vuelta durante los fines de semana para ver cómo están los furanchos y cómo están los bares y los restaurantes», plantea Conde.

«Es imposible realizar un control cuando no hay un censo», por lo que no se atreve a apuntar un número de restaurantes ilegales.

Partiendo de un dato que manejó la Xunta cuando estuvo gobernada por el bipartito y elaboró el decreto, que situaba en 700 el número de establecimientos que operan ilegalmente, un economista conocedor de la situación, que solicitó mantener el anonimato, realizó un cálculo de las consecuencias.

«Se trata de un estudio a la baja», dijo. Partiendo de una media de 50 comensales que pagan 20 euros, y que local abra durante tres días a la semana, ingresaría 3.000 euros, que se convierten en 12.000 al mes y en 144.000 euros cuando finaliza el año.

Basta con multiplicar los 144.000 euros de entrada media de uno de estos establecimientos por los 700 que registró el Xunta bipartita para encontrarse con una cifra de 100.080.000 euros, y teniendo en cuenta que lo que deberían ingresar las arcas públicas a raíz de este movimiento económico es el 40% del total, el fraude es superior a 40 millones de euros.

El Presupuesto anual del Concello de Vilagarcía, con más de 36.000 habitantes, supera ligeramente los 20 millones de euros, y la Xunta de Galicia destinó 47,5 para los ocho municipios que forman la comarca de O Salnés en sus Orzamentos correspondientes al ejercicio de 2012.


Diario de Pontevedra (30-10-11)

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