viernes, 28 de octubre de 2011

Dos narcos que aprenden a ser libres

El día 11 de junio, a las 11.00 horas, Sito Miñanco abandonaba la prisión de Huelva. Fue la primera oportunidad de que dispuso para sentirse libre desde su último encarcelamiento, acaecido en la recta final de la década de los 90, cuando los españoles aún cobraban y pagaban con pesetas. Tiene 55 años.

Aquel joven que comenzó su carrera delictiva pilotando planeadoras entre las bateas y se dejaba fotografiar junto al alcalde de Cambados, Santiago Tirado, en el homenaje que le tributó el Concello por los éxitos conseguidos por el club de fútbol que presidía y financiaba, no quiso saber nada cuando un reportero trató de entablar conversación con él.

El también cambadés Laureano Oubiña Piñeiro, de 65 años, tuvo que esperar hasta el día 25 de septiembre, a las 20.30 horas, para cruzar las puertas del penal de Dueñas (Palencia), poniendo un paréntesis de tres días a algo más de una década entre rejas, que comenzó cuando fue detenido en Grecia después de una rocambolesca huida.

Vestían ropa cómoda y las fugaces imágenes captadas por las cámaras permitieron confirmar una obviedad: Tienen menos pelo y más cintura. Los permisos levantaron ronchas entre algunos colectivos, que advirtieron del riesgo de fuga, pero regresaron a las horas estipuladas.

«Es cierto que existe cierto riesgo de mal uso del permiso, que cometió el último delito cuando se encontraba en libertad condicional y que faltan siete años hasta la extinción de la condena», admitió la jueza ponente del auto, Manuela Fernández sobre Sito Miñanco. Preparación.

«Es cierto que el interno tiene causas pendientes de tramitación, pero los hechos datan del año 2000, y es fácil deducir que si se procediese a su enjuiciamiento ya habría licenciado las causas que actualmente cumple», argumentó en su informe sobre Laureano Oubiña José Luis Castro.

Tal como había expuesto el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, presidido por Gómez Bermúdez, Castro sostuvo que «cabe empezar a prepararle para la vida en libertad». Son dos ciudadanos en prácticas cuyos pasos fueron seguidos por diversos medios, y volverán a ser sometidos a una estrecha vigilancia cuando salgan de nuevo de permiso.

Aunque ambos nacieron en Cambados, en el seno de familias humildes, y se internaron en el mundo de la delincuencia a través del contrabando y al narcotráfico en la década de los años 80, logrando organizar y liderar potentes organizaciones con ramificaciones internacionales, sus perfiles son notablemente diferentes.

Sito Miñanco dejó los libros a la edad de 15 años y es un prototipo de un cambadés de mar, que antes de dedicarse al contrabando ya había probado suerte en este medio como mariscador furtivo.

El expediente académico de Oubiña es igual de breve, pero es un hombre de tierra que se ganaba la vida como tratante y transportista de ganado, desplegando su actividad en municipios situados en el interior de la provincia de Pontevedra hasta que decidió tomar el atajo del delito.

La afición por el fútbol es una de las señas de identidad de Sito Miñanco. En su empeño por llevar a lo más alto al Juventud Cambados financió este club hasta que logró el ascenso a Segunda División B. Lo hizo siendo presidente y también cuando se vio obligado a dejar el cargo a un colaborador suyo, funcionario judicial, al sentirse acosado por la policía. El fútbol.

Llevó a la plantilla a Venezuela y Panamá, donde ya contaba entonces con contactos en los altos niveles de la delincuencia internacional, para festejar los éxitos. Hasta llegó a plantear a un colaborador de una cadena de radio que retransmitiese los partidos para Cambados, sin percatarse de que el dinero no lo puede todo.

La huella de Oubiña en este apartado es mínima y se limita a la ayuda que prestaba a equipos de fútbol o baloncesto de alguna parroquia, como podía hacerlo a comisiones de fiestas, como atestiguan los carteles enmarcados que se encontraban en el Pazo Baión antes de que Condes de Albarei se hiciese cargo de la que fue su propiedad más emblemática.

Mientras Oubiña alardeaba de poderío económico con adquisiciones como la del pazo, Sito Miñanco se dejaba ver por Cambados, en sus buenos tiempos, al volante de potentes vehículos como un Ferrari Testarrosa o un Toyota Supra.

Miñanco gustaba de vestir trajes de color claro, similares a los utilizados por los terratenientes sudamericanos, mientras que la indumentaria nunca constituyó una preocupación para Oubiña.

La proyección social fue bien diferente, porque Sito Miñanco quiso sentirse querido en su pueblo y lo logró usando el fútbol, hasta tal punto que fue recibido como un mito en la Casa Consistorial. Quienes promovieron aquel acto, hoy evitan hablar de él.

En la cresta de la ola, logró que Isabel Pantoja aceptase su invitación para cenar con él en un restaurante de Cambados después de que la tonadillera actuase en Pontevedra. Sucedió en abril del año 1986. Era un cliente habitual del Casino de A Toxa.

Laureano Oubiña se ganó fama de arisco y pendenciero, y uno de sus golpes de efecto mediáticos fue el que protagonizó al presentarse calzado con unos zuecos a una de sus comparecencias judiciales en Madrid. Otro capítulo no menos impactante de su historial lo constituye una huida que lo llevó por varios países europeos hasta que lo arrestaron en Grecia.

Con Oubiña se vieron implicados en sus fechorías su esposa, fallecida, Esther Lago, y el hijastro de ambos, David Pérez, y es recordada la respuesta que dio al presidente del Tribunal que lo juzgada cuando dijo que era su esposa quien le administraba el dinero, hasta tal punto que tenía que pedirle 1.000 pesetas (seis euros) para compartir una botella de albariño con sus amigos. El blanqueo.

Sito Miñanco evitó que la mancha se extendiese, aunque solo aparentemente, porque cuando finalicen las condenas, que cumplen, ambos, y algunos de sus familiares, deberán dar explicaciones relativas a la fortuna que amasaron. Les aguardan causas abiertas por blanqueo de capitales.

La historia no finaliza. Solo acaba un capítulo.


Diario de Pontevedra (9-10-2011)

Economía sumergida con un disfraz enxebre

Tortilla, calamares fritos y pulpo, primer plato; churrasco de cerdo o bacalao a la brasa, segundo; brazo gitano de postre, vino, refrescos, agua, pan, cafés y licores. El precio que pagaron los cincuenta comensales que compartieron este menú osciló entre 15 y 20 euros.

El banquete se celebró el domingo 16 de octubre en una carpa de madera instalada en el extremo de una parcela sobre la que se asienta un edificio con un comedor que estaba repleto aquel día.

En el patio situado entre ambos había varias mesas también ocupadas. Un portal metálico permite cerrar el recinto. Este restaurante se encuentra en el municipio de Vilanova.

En Meaño hay otro con un televisor de plasma y una amplia oferta de pescados y carnes, lacón con grelos o cocido, así como una surtida variedad de postres y bebidas.

La oferta se extiende por los concellos de Ribadumia, Cambados y Sanxenxo, y en las últimas fechas también se incorporaron al mapa los de Meis y Vilagarcía. El aspecto de algunos apenas difiere del de cualquier restaurante.

En otros es fácil deducir que convirtieron en comedores los bajos o lo que en otro tiempo fueron habitaciones, patios y cuadras que ocuparon cerdos y vacas. Los hay que ofrecen a sus clientes estacionamientos para sus vehículos, habilitados en fincas y solares que resultan insuficientes. Se echan en falta los gorrillas.

El ir y venir de grupos es constante hasta bien entrada la madrugada. No tienen letreros en sus fachadas ni los necesitan, porque funciona el boca a boca y todos saben dónde están.

Quienes no estén informados solo tienen que preguntar o afinar el oído porque en muchos, la ingesta de alimentos se combina con la interpretación de temas musicales con acompañamientos instrumentales.

Circular por la intrincada y sinuosa red de carreteras locales durante las noches de los fines de semana supone hacerlo entre hileras de coches estacionados a ambos lados de la vía, que componen una estampa similar a la de una jornada festiva. Es otra pista para encontrarlos.

Popularmente se les conoce como furanchos, aunque la actividad que se realiza en su interior no se parece en nada a la que caracteriza a estos locales, a los que los clientes acuden a comprar o beber vino de la cosecha de sus propietarios, que los invitan a compartir unas tapas entre trago y trago.

Esta fórmula evolucionó con variantes como la elaboración de tortillas, empanadas o pimientos. En algunos lugares próximos a Marín, Cangas y Bueu era habitual encargar el menú para una hora determinada y saciar el hambre al regreso de la playa.

Y mientras la Xunta miraba hacia otro lado, fue creciendo en Galicia una vasta red de economía sumergida vestida con el disfraz del enxebrismo.

En diciembre del año 2004, un hostelero de Poio se puso en contacto con la Consellería de Turismo para denunciar el panorama de indefensión en el que se encontraba el sector. Lo hizo amparándose en el anonimato por temor a represalias.

Recibió como respuesta que ordenaría una inspección, después de pedirle que realizase una labor que no le corresponde: la identificación de los locales que, supuestamente, operaban irregularmente.

La inspección realizada arroja un censo de 73 restaurantes sin licencia en la comarca de O Salnés, denunciaban Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA), y su homólogo de la Asociación de Iniciativas Turísticas de Vilagarcía (AIT), José Luis Bóveda, en el mes de abril del año 2006.

El número de banquetes de boda contratados en restaurantes cayó un 50%, precisaron ambos, antes de realizar una puntualización para evitar equívocos y tergiversaciones: «No queremos que desparezcan los furanchos porque dinamizan el rural y son tradicionales, pero sí que estén regulados».

Ningún alcalde de la comarca respondió a su petición para mantener una entrevista en la que tratar el problema. «Es una bomba de relojería y ellos son los responsables», advirtió Abad en mayo del mismo año.

Los regidores locales tampoco hicieron caso de los escritos enviados por la Organización de Profesionales Autónomos (OPA) de Pontevedra, en los que solicitaban «el cierre de los locales ilegales», firmados por el secretario de Hostelería, Victorino Otero, y su presidente, Germán García.

En junio, la Consellería de Innovación e Industria respondió a la UPTA que carecía de competencias para instar a los propietarios de los establecimientos que trabajan al margen de la ley a que legalizasen su situación.

«No somos policías para fiscalizar lo que está ocurriendo», respondió entonces Abad.

Un año después, los furancheiros acordaban oponerse al decreto aprobado por la Xunta bipartita con el que trataba de poner orden en el sector.

«Estaremos en todos os actos públicos do BNG e do PSOE de aquí as próximas eleccións», anunció el presidente de la asociación, Antonio Miniño, tras una asamblea celebrada en Santa Cristina de Cobres.

En agosto era la Federación de Profesionais e Autónomos de Galicia la que apuntaba que o la Administración tomaba cartas en el asunto o el colectivo de hosteleros se vería forzado a cerrar sus puertas.

Su presidente, José Conde, hizo pública la indignación de sus asociados ante la competencia desleal que estaban sufriendo.

«O BNG xa nos pechou as portas e agora tamén Catalina González», sentenció Miniño en junio del año 2009, después de que el Concello de Sanxenxo aprobase una normativa reguladora de los furanchos.

«Teremos que vender o noso viño ás agochadas ou a porta pechada, porque as cousas que nos esixen son unha animalada», agregó el representante de los furancheiros de los municipios de Sanxenxo y Meaño.

A finales de septiembre, la Asociación Sectorial de Hostelería de la Provincia de Pontevedra expresó su preocupación porque considera más que probable proliferación de establecimientos ilegales.

El motivo que apunta es una cosecha que, con 41 millones de kilos vendimiados en la denominación de Orixe Rías Baixas, superó las previsiones más optimistas.

El único intento de poner orden hasta la fecha está fechado en el año 2008 y se trata de un decreto desarrollado en una orden firmada en el mes de septiembre, fruto de las presiones de la UPTA y AIT, consensuado con la Federación Galega de Hostelería, de la CEOE.

Aquel texto obligaba a que los titulares de los furanchos acreditasen haber declarado su producción de vino antes del inicio de la temporada. El período de apertura era de tres meses, entre el 1 de diciembre y el 30 de junio. El agotamiento del vino figuraba como una causa de cierre.

Los concellos deberían de controlar que los locales reuniesen las condiciones establecidas para el otorgamiento de la licencia, y en este capítulo figuran aspectos como la accesibilidad, salidas de emergencia o contar con servicios, entre otros requisitos.

El empeño por aplicarlo mientras no entra en vigor el nuevo texto legal, al que alude la Xunta, no parece haber surtido efecto.

Meaño es uno de los municipios que figura en el mapa de la restauración ilegal, y basta preguntar a cualquier vecino para que le indique que se desplace a las parroquias de Cobas o Simes.

Su alcalde y diputado provincial, Jorge Domínguez, reconoce que la situación se les fue de las manos y para los concellos es imposible ponerle freno mientras la Xunta de Galicia no apruebe y aplique una nueva normativa.

Como apuntaron representantes de la hostelería, Domínguez vaticinó que abrirán más a partir del mes de diciembre, cuando esté elaborado el vino de la nueva cosecha. Este pronóstico coincide con el del presidente de la Asociación de Bodegas Artesanales de Meaño, Francisco Doval.

Además de la abundancia de uva, otro argumento en el que se apuntala esta previsión es el incremento del número de desempleados en una comarca que tiene en el mar, la viticultura y los servicios los tres sectores productivos más importantes.

Luis Aragunde y Salomé Peña, alcaldes de Cambados y Ribadumia, aseguran que no tienen constancia de la existencia de restaurantes ilegales en sus municipios y responden que no recibieron quejas por este motivo.

«Elaboran comidas y organizan banquetes», denuncia Roberto Gerpe, presidente de la Asociación de Hostelería e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía.

Gerpe sostiene que son muchos más que 73 los que operan actualmente en la comarca, y lo hacen a la vista de todos «No sé porqué no les meten mano», añade.

«La situación es un auténtico despropósito», sostiene su homólogo de la Organización de Autónomos y Profesionales, José Conde. Ambos subrayan que llegó a tal punto que quienes abren amparándose en la necesidad de vender en vino de su cosecha no solo no lo elaboran, sino que lo compran, y tienen abiertas las puertas durante todo el año.

Otros viticultores, que pueden vender la uva a las bodegas, no lo hacen porque prefieren hacer vino. De este modo, consiguen un margen de ganancia mayor, dice José Conde.

Los locales no reúnen las condiciones que se exigen a cualquier establecimiento de uso público dedicado a la restauración y el personal no cuenta con la habilitación necesaria para manipular los alimentos.

La tortilla, hecha con huevos de la casa, es uno de los platos estrella, cuando está prohibido usarlos y deberían elaborarse con huevina. No hay trazabilidad de los alimentos que salvaguarde, o al menos minimice, la posibilidad de que los comensales sufran una intoxicación.

Los camareros y cocineros acostumbran a ser miembros de la familia propietaria del local. No están dados de alta en la Seguridad Social, no sería extraño que más de uno cobre la prestación por desempleo, y es fácil encontrar en la plantilla a menores de 16 años.

No pagan impuestos a Hacienda, pero los que cuentan con plantaciones de vino se acogen a las ayudas públicas cuando un temporal, o cualquier otro adverso meteorológico, reduce notablemente la producción.

Y las consecuencias saltan a la vista: «No hay más que dar una vuelta durante los fines de semana para ver cómo están los furanchos y cómo están los bares y los restaurantes», plantea Conde.

«Es imposible realizar un control cuando no hay un censo», por lo que no se atreve a apuntar un número de restaurantes ilegales.

Partiendo de un dato que manejó la Xunta cuando estuvo gobernada por el bipartito y elaboró el decreto, que situaba en 700 el número de establecimientos que operan ilegalmente, un economista conocedor de la situación, que solicitó mantener el anonimato, realizó un cálculo de las consecuencias.

«Se trata de un estudio a la baja», dijo. Partiendo de una media de 50 comensales que pagan 20 euros, y que local abra durante tres días a la semana, ingresaría 3.000 euros, que se convierten en 12.000 al mes y en 144.000 euros cuando finaliza el año.

Basta con multiplicar los 144.000 euros de entrada media de uno de estos establecimientos por los 700 que registró el Xunta bipartita para encontrarse con una cifra de 100.080.000 euros, y teniendo en cuenta que lo que deberían ingresar las arcas públicas a raíz de este movimiento económico es el 40% del total, el fraude es superior a 40 millones de euros.

El Presupuesto anual del Concello de Vilagarcía, con más de 36.000 habitantes, supera ligeramente los 20 millones de euros, y la Xunta de Galicia destinó 47,5 para los ocho municipios que forman la comarca de O Salnés en sus Orzamentos correspondientes al ejercicio de 2012.


Diario de Pontevedra (30-10-11)

sábado, 22 de octubre de 2011

Así en la tierra como en el cielo

«Estaban todos dentro da Comandancia de Marina: entón, empezaron a saír as autoridades». El marinero jubilado de Carril Agustín Iglesias Rey habla de un día caluroso del mes de agosto del año 1990 en el que pensó que nada tenía que perder con intentarlo, y decidió acercarse al lugar donde esperaba encontrar al presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne.

Lo hizo en compañía de otros componentes de una plataforma organizada en Vilagarcía ocho meses antes con el objetivo de reivindicar la construcción de un hospital. «Fomos este señor e máis eu», indica mientras señala al extrabajador ferroviario de Trabanca-Sardiñeira Alfonso Quintáns Leal.

Agustín Iglesias tiene 80 años y Alfonso Quintáns, 83. «Non puxo ningún impedimento, ningún atranco», subraya, Y después explica que la espalda de Alfonso sirvió de improvisada mesa sobre la que colocaron la libreta que sujetaba los pliegos donde recogían las rúbricas.

Aquel día que Manuel Fraga se acercó a Vilagarcía para participar en la primera edición de la Ruta Fluvial Xacobea el balance no pudo ser más positivo, porque al lado de quien representaba la máxima expresión del poder terrenal en Galicia se encontraba su homólogo en el ámbito espiritual.

El arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, monseñor Antonio María Rouco Varela, siguió el camino del político lucense y echó mano del bolígrafo para estampar su firma en el improvisado altar articulado sobre las costillas de un ferroviario jubilado que tenía entonces 63 años.

Las expectativas estaban ampliamente superadas, pero tanto Agustín como Alfonso, y otros compañeros de la comisión, abandonaron el edificio que hoy ocupa la Autoridade Portuaria de Vilagarcía con la certeza de que se les había escapado una pieza.

«Eu non sei se sería moi consciente do que estaba facendo», plantea Chema Fernández en referencia a la decisión de Fraga. Este profesor de Química del Instituto Armando Cotarelo Valedor, de 56 años, fue el líder colectivo.

Xaquín Rubido, presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, y Manuel Chouza, líder del grupo que puso sobre la mesa la reivindicación de que la isla de Cortegada volviese al patrimonio público, también jugaron un papel determinante.

Ese día la comisión vecinal tuvo absolutamente claro que solo tenía que conseguir el objetivo que se había propuesto, reunir las 15.000 firmas que avalasen su Iniciativa Lexislativa Popular, porque su éxito estaba garantizado, ya que tanto el PSOE como el BNG apoyaban la iniciativa y la clave era la postura del PP.

Y así fue. En el mes de enero del año 1991 entregó los folios en los que figuraban 20.000, cubriéndose las espaldas ante la posibilidad de que pudiesen ser invalidadas algunas. El Parlamento le dio el visto bueno en junio, convirtiéndose en la primera que era tomada en consideración.

En el número 5 de la revista Ágora, correspondiente al primer trimestre del año 2001, que editaba el Concello de Vilagarcía, podía leerse: «A sinatura de Fraga en apoio da Comisión valeu o seu peso en ouro».

Esta frase fue pronunciada por el entonces alcalde, Javier Gago, figura en un artículo publicado con motivo de la inauguración del Hospital Comarcal y resume el significado de un gesto que comprometió al partido que gobernaba entonces con mayoría absoluta.

Pero la tramitación fue un camino minado, y resultó decisiva la capacidad de movilización acreditada por una comisión vecinal creada por la inercia derivada de las movilizaciones registradas en la recta final de la década de los 80, a raíz del intento del Gobierno local de aprobar una subida brutal de la contribución.

El popular José Luis Rivera Mallo era el alcalde, y dos diputados de su partido solicitaron, por su cuenta y riesgo, que la Xunta aprobase una partida para iniciar las obras de una vez. Lograron su objetivo, y el vilagarciano Juan Antonio Garrido lo pagó con su marginación.

Del destino que le hubiera esperado a su compañero de iniciativa nada se puede escribir porque Segundo Durán, que era alcalde de A Pobra, falleció poco después en un accidente de tráfico en Catoira.

Agustín Iglesias trató de espabilar el asunto y se subió a un autobús para participar en un programa sobre salud, en TVG, en el que los espectadores podían hacer preguntas al conselleiro de Sanidade, Manuel Montero, pero el presentador, Manuel Torreiglesias, que sabía sus intenciones, asegura el carrilexo, no le dio paso.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, los llamó para plantearles que fuese construido en su municipio, y un último esfuerzo hizo posible que las 70 camas proyectadas se convirtiesen en 80, cuando la cifra de la que se habló inicialmente, teniendo en cuenta que, según el número de habitantes del área sanitaria, deberían ser 120.

La creación del área sanitaria de O Salnés, que justificada la construcción del Hospital, recibió el impulso de Fraga, y en breve entrará en vigor el decreto por el que el partido del que es presidente fundador la eliminó del mapa.

Además de ser el origen de una manifestación, esta medida se debatió en un Pleno. «Estaré siempre con los intereses de los vecinos. La gestión integrada supone un paso atrás, puede que definitivo», sentenció el único concelleiro del grupo Ivil, José Luis Rivera Mallo.

En el mes de agosto del año 1990, Rivera era alcalde que abandonó Comandancia de Marina por la puerta de atrás mientras Fraga y Rouco firmaban.

Diario de Pontevedra (16-10-11)